Inicio - Sucesos - Asesinatos en Carora incluidos en informe de Amnistía Internacional presentado a la ONU

Asesinatos en Carora incluidos en informe de Amnistía Internacional presentado a la ONU

FOTO: MARIO SOSA

Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, dijo Amnistía Internacional en su nuevo informe Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela sobre los hechos ocurridos en Venezuela en finales de enero de 2019.

El informe en cuestión que fue presentado ante la Comisionaduría de Derechos Humanos de la ONU que preside Michelle Bachelet, hace referencia a varias circunstancias en las cuales ocurrieron acontecimientos en Carora, que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad. Entre ellos destacan el de Luis Enrique Ramos, llamado Cabeza e’ Piña; y el de Eduardo Castejón, hechos ocurridos en Calicanto el pasado 24 de enero del presente año. 

Los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en enero fueron llevados a cabo consistentemente en casi todo el país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal. No sucedieron al azar ni de forma aislada, señala el informe, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas.

Amnistía Internacional recomienda la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019. Asimismo, recomienda la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país, así como la consideración y el estudio de estos hechos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018.

Información adicional:

Amnistía Internacional llevó a cabo una misión de investigación en febrero de este año, en la que se entrevistó con decenas de víctimas de crímenes de derecho internacional y de graves violaciones de derechos humanos cometidas, principalmente, del 21 al 25 de enero, lapso en el que tuvieron lugar manifestaciones masivas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en todo el país.

Del 21 al 25 de enero, en 12 de los 23 estados del país, al menos 47 personas murieron en el marco de las protestas, todas por arma de fuego. Por lo menos 33 de estas personas murieron a manos de agentes de las fuerzas del Estado, y seis fueron asesinados por terceros actuando con la aquiescencia de las autoridades durante las manifestaciones. Once de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, de las cuales Amnistía Internacional documentó en profundidad seis casos, recogidos en este informe.

A lo largo de esos cinco días, más de 900 personas fueron detenidas de forma arbitraria en prácticamente todos los estados del país. De estas detenciones arbitrarias, que incluyeron a niños, niñas y adolescentes, se calcula que aproximadamente 770 ocurrieron en un solo día, el 23 de enero, fecha en la que se convocaron manifestaciones en toda Venezuela.  

Desde 2014, Amnistía Internacional ha documentado los patrones y la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro, que incluyen el uso excesivo de la fuerza en contra de personas manifestantes y los tratos crueles, inhumanos y la tortura en su contra, con el fin de neutralizar la protesta social. La organización ha identificado y denunciado los patrones de detenciones arbitrarias por motivos políticos que han ocurrido en todos los años del gobierno de Maduro, a través del análisis de 22 casos emblemáticos, y ha identificado al menos seis presos de conciencia.

Amnistía Internacional también ha denunciado más de ocho mil ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad entre 2015 y 2017, entre los cuales se documentaron a profundidad ocho casos que dieron cuenta de patrones similares de ataque dirigido contra hombres jóvenes y en situación de pobreza. Toda esta documentación permite a la organización identificar la naturaleza sistemática y generalizada de los hechos de enero de 2019 en contra de una población civil.

Informacion webdiarioelcaroreno

Compruebe también

ZONA COLONIAL: Acéfalos de seguridad

Texto: Mario Sosa Fotos: Cortesía Los vecinos de la Zona Colonial nuevamente siguen siendo víctimas …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *