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Diversas ONG rechazaron acuerdo sobre comunidad Lgbtiq+ aprobado en la AN

Cortesía: El Nacional

Activistas y organizaciones de derechos Lgbtiq+ rechazaron el Acuerdo sobre Acciones Tendientes a Visibilizar y Mitigar el Impacto Diferenciado del covid-19 sobre Población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersex como Consecuencia de la Homofobia, Transfobia y Bifobia, discutido el marte 19 de mayo en la Asamblea Nacional y el cual fue introducido por la diputada Tamara Adrián.

En el punto quinto del acuerdo se exhorta a las comisiones permanentes y subcomisiones del Parlamento la revisión de la legislación vigente en Venezuela para proponer a la plenaria proyectos de ley que acaben con la segregación legal y establezcan la igualdad efectiva ante las personas Lgbti, pero sin perjuicio de lo establecido en el artículo 77 de la Constitución, el cual solo establece el reconocimiento del Estado al matrimonio entre un hombre cisgénero y una mujer cisgénero

«Desde nuestra perspectiva como activistas, movimientos y organizaciones Lgbtiq+ el uso de la coletilla para finalizar el quinto punto es un intento de obstaculizar la materialización de progresividad en nuestros derechos, eliminando así la posibilidad del reconocimiento del matrimonio igualitario como también la identidad de género de las personas trans. Nuestra Constitución establece en su artículo 22 que ‘La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros, que siendo inherente a la persona, no figuren expresamente en ellos’. De allí que el artículo 77 de la Constitucional no tiene facultad alguna para suplantar y anular nuestros derechos«, indicaron los activistas en un comunicado.

La diputada Tamara Adrián indicó que la versión original entregada a la Secretaría de la Asamblea Nacional incluía el cumplimiento de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH, pero el partido Primero Justicia incluyó la frase de defensa del artículo 77 de la Constitución, lo que representa una contradicción al mismo espíritu del acuerdo.

«Subrayamos que esta posición de la Asamblea Nacional y su mayoría de diputados es cónsona con la decisión del año 2014 de no debatir el proyecto de matrimonio igualitario. No incluir derechos Lgbtiq+ en el llamado Plan País ni legislar sobre las demandas y exigencias históricas que el Estado venezolano mantiene con nuestro colectivo también es consecuente con la posición Lgtbiqfóbica del resto de poderes públicos que bloquean el avance de los derechos civiles como el Tribunal Supremo de Justicia que tiene engavetadas seis demandas vinculadas a la causa igualitaria, siendo la del derecho a la identidad de género de la diputada Tamara Adrián la más antigua, pendiente por respuesta desde el año 2004″, agregaron.

Asimismo, las ONG afirmaron que debido a la emergencia humanitaria del país y la crisis por el covid-19, la situación de vulnerabilidad de las personas Lgbtiq+ aumenta día tras día.

Los activistas señalaron que las personas Lgbtiq+ enfrentan las mayores amenazas a los derechos humanos debido a la vulnerabilidad ocasionada por la desprotección histórica de las instituciones. Aseguraron que esas vulnerabilidades se multiplican en grupos de mayor riesgo dentro la gente: Niñas Lgtbiq+, niños transgénero, personas con discapacidad, de pueblos nativos, de tercera edad, trabajadoras sexuales, mujeres lesbianas, bisexuales y trans, intersexuales, personas no binarias, migrantes y refugiados, afrovenezolanos, campesinos, personas que viven con VIH o con enfermedades crónicas y quienes están en situación de calle.

«Insistimos en que sin reconocimiento de derechos para todas las personas, incluyendo a personas Lgbtiq+, no habrá democracia posible. No existirá inclusión e igualdad si millones de ciudadanos estamos por fuera de cualquier proyecto. La violencia contra gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexuales y queers en Venezuela es estructural: empieza en nuestras casas y escuelas, se replica en liceos, universidades, espacios públicos, empresas, puestos de trabajo, hospitales, medios de comunicación, iglesias e instituciones. Debemos dar pasos contundentes para acabar con ella», concluyeron.

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